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El Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, anunció su veto parcial al Decreto Legislativo 10.381, titulado “Modificación a la Ley Nº7092, Ley de Impuesto sobre la Renta”. Esta reforma tenía como objetivo principal la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE). Sin embargo, el Presidente considera que esta medida podría tener un alto costo para el país.
Razones del Veto
El Poder Ejecutivo ha decidido ejercer el veto parcial a esta reforma por diversas razones. En primer lugar, se argumenta que la modificación al Artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta debilitaría el sistema tributario nacional. Esto se debe a que eliminaría la aplicación del principio de territorialidad, lo que podría fomentar estrategias de evasión fiscal y el traslado de patrimonios a jurisdicciones con mejores condiciones fiscales.
Además, el Presidente Chaves Robles expresó su preocupación por la pérdida de ingresos que sufriría el Estado debido a esta reforma. Se estima que el Estado dejaría de recaudar hasta 10 mil millones de colones anuales por no poder aplicar el 30% de impuesto sobre los créditos registrados en la Balanza de Pagos.
Impacto en las Finanzas Públicas
El Presidente destacó la magnitud de esta pérdida de ingresos y la relacionó con importantes programas y proyectos gubernamentales. Los 36 mil millones de colones que se dejarían de percibir anualmente serían suficientes para financiar numerosas iniciativas, como la construcción de centros educativos, becas de transporte estudiantil, becas de comedores estudiantiles, mejoras en la red vial y más.
El Gobierno argumenta que esta reforma no era necesaria para cumplir con las demandas de la Unión Europea y que algunos legisladores la incluyeron para favorecer a grandes corporaciones. El Presidente Chaves Robles enfatizó que esto va en contra de lo que la UE demanda para sus empresas y países.
Propuesta del Gobierno
Como alternativa, el Gobierno propone que el texto del Artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establezca una vinculación económica con el territorio nacional en el caso de rentas que se originen de servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en el país. Esto sería aplicable durante el periodo fiscal, y cualquier renta derivada de estos elementos, ya sea en el territorio nacional o fuera de él, estaría sujeta a impuestos.
La decisión final sobre esta reforma recae en los diputados, quienes deberán reflexionar sobre su aprobación y considerar las implicaciones económicas y fiscales para el país. La reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta ha generado un debate significativo en Costa Rica y continuará siendo un tema de interés público en los próximos meses. Mantente informado sobre el desarrollo de esta situación fiscal crucial para el país.
